Reinado de Alfonso XIII en España
El 17 de mayo de 1902, Alfonso XIII subió al trono en España. El nuevo monarca no fue un rey pasivo. Por el contrario, intervino continuamente en el gobierno del país, interfiriendo a menudo la labor ministerial. Pero una nueva fase se abría dentro del ámbito de la Restauración. En aquella fecha el monarca cumplía 17 años de edad, y en el acto de asunción al trono prometió acatar la Constitución.
El liberal Sagasta solamente duró en el gobierno siete meses. En la nueva etapa se perfilaron de modo creciente dos hechos: por una parte, la lenta descomposición del sistema implantado por Cánovas, que excluía a la población trabajadora de cualquier derecho político; y por otra, la creciente configuración de lo que José Ortega y Gasset llamaría la «España vital», es decir, la España del trabajo y de la intelectualidad, marginada por el caciquismo de la política restauradora. La pugna entre las dos Españas, la «oficial» y la «vital», se prolongaría varias décadas y tipificaría el reinado de Alfonso XIII. En la crisis del «bipartidismo» canovista pugnaban por surgir otras fuerzas políticas, y otros hombres políticos, siendo quizá los más destacados de esta etapa, Maura, Canalejas, Cambó y el socialista Pablo Iglesias.
A Sagasta le sustituyeron Silvela y Villaverde, conservadores, en sendos gobiernos de transición, en 1903. Accedió luego al poder Antonio Maura, quien dio un gran impulso al Partido Conservador, pero dimitió por las discrepancias con el monarca en torno a la elección del jefe del Estado Mayor Central, que según Alfonso XIII debía ser el general Polavieja, abriéndose una implícita crisis institucional, pues el rey de hecho había actuado contra la Constitución al entorpecer la labor gubernamental. La crisis fue superada momentáneamente por Alfonso XIII nombrando sucesivamente al general Azcárraga y a Villaverde como jefes del gobierno.
Una etapa liberal
Eugenio Montero Ríos recogió la jefatura del Partido Liberal tras la muerte de Sagasta. Este cauteloso político gallego, que había servido fielmente al general Prim y al rey Amadeo de Saboya, fue elegido ahora por Alfonso XIII para que dirigiera el gobierno, formando un ministerio que incluía diversos familiares, y que resistió solamente cinco meses, pues los militares promovieron en Barcelona un grave incidente contra el renaciente nacionalismo catalán, asaltando las redacciones de la revista humorística Cu-Cut, y el diario La Veu de Catalunya, por haber publicado caricaturas y artículos considerados lesivos para la institución militar. Sin embargo, los liberales siguieron gobernando, ahora bajo la dirección del economista Segismundo Moret, quien asumió el lamentable papel de presentar a las Cortes -obligado por el rey y el ejército- una Ley de Jurisdicciones, la cual autorizaba a los militares a juzgar a los miembros de la sociedad civil que, en su opinión, cometiesen delitos de «lesa patria».
Se iniciaba con ello una nueva etapa en la historia del país, caracterizada por la proliferación de consejos de guerra contra civiles. El ejército asumía así un papel eminentemente político de signo reaccionario, y se convertía, como posteriormente afirmó Ortega y Gasset, en un instrumento de la «España oficial, oligárquica» para mantener sometida a la «España vital, la del trabajo». El filósofo Miguel de Unamuno levantaría su voz repetidamente para denunciar tan triste realidad, llegando a declarar que «en España es fácil militarizar a los civiles, pero difícilmente se puede civilizar a los militares».
Entre enero y marzo de 1906, la Conferencia de Algeciras, celebrada por representantes de Alemania, Austria, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Gran Bretaña, Marruecos y Portugal, elaboró un proyecto para «reorganizar el norte de África», y a España le correspondió la administración colonial sobre parte de Marruecos y del Sahara.
Por su parte, el rey se casó el 25 de mayo de 1906 con la princesa Ena de Battenberg, nieta de la reina Victoria de Gran Bretaña, que adoptó el nombre de Victoria Eugenia tras convertirse a la religión católica. Al regresar de la ceremonia, la pareja real sufrió un atentado, llevado a cabo por Mateo Morral, en la calle de San Jerónimo de Madrid, en una acción que provocó numerosos muertos, aunque los monarcas salieron ilesos. Morral, anarquista, se suicidó cuando estaba cercado por las fuerzas del orden. El atentado presagiaba horas difíciles.
Moret dimitió de la presidencia del gobierno, al discrepar con el rey en lo relativo a la renovación electoral de las Cortes. Tras un breve interregno, en el que gobernó el general López Domínguez, volvió Moret, que esta vez gobernó solamente cinco días, sustituyéndole el marqués de Armijo, en un gabinete de transición que dio paso al gobierno conservador de Maura.
La guerra de África y la Semana Trágica catalana
Antonio Maura formó gobierno el 25 de enero de 1907, siendo la nota más destacada del mismo el nombramiento de Juan de La Cierva como ministro de Gobernación. La Cierva era un ultraconservador, que en la provincia de Murcia dirigía un auténtico cacicato. El nuevo gobierno aprobó una Ley del Terrorismo que coartaba las ya debilitadas libertades cívicas, dedicó una considerable parte del presupuesto nacional a las instituciones militares y alentó una política probritánica en el concierto internacional.
Fue en 1909 cuando la presencia española en Marruecos comenzó a ser contestada por la población autóctona, iniciándose una guerra abierta. La actuación del gobierno de Maura era paradójica: se inmiscuía en una nación extranjera, mientras la economía del país pasaba de modo acelerado a ser controlada por compañías foráneas, especialmente británicas (minas y grandes industrias pesadas). Como respuesta a los incidentes con los marroquíes, el gobierno organizó un ejército con la perspectiva de una intervención en gran escala, lo que provocó rápidamente un profundo descontento entre la población, registrándose numerosas manifestaciones anticolonialistas en diversos puntos de España. El primer combate en tierras marroquíes fue una debacle para las tropas españolas, en la trágica batalla del Barranco del Lobo, el 27 de julio de 1909.
La matanza de soldados, valorada como inútil por amplios sectores del país, radicalizó la situación interior, y los contingentes militares eran presionados a desertar por la multitud en las estaciones y puertos, en escenas repetidas abundantemente en toda la península.
La oposición de los rifeños era muy dura, y la guerra se presentaba larga y costosa, excesivamente gravosa para una economía tan delicada como la del estado español. La situación política se hizo muy tensa, especialmente en Cataluña, donde la guerra era absolutamente impopular, y en Barcelona estallaron graves motines en la víspera de un embarque de tropas, que culminaron con la huelga revolucionaria de los días 26, 27 y 28 de julio de 1909. Durante la llamada Semana Trágica catalana, se produjeron gravísimos disturbios, con quema de iglesias y conventos. La rebelión catalana fue finalmente sofocada por el ejército, desatándose una intensa represión que tuvo su epicentro en la controvertida figura del pedagogo Ferrer y Guardia, fundador de la Escuela Moderna, hombre de tendencia antiautoritaria. El proceso de Ferrer y Guardia, y sus compañeros, fue oscuro, y su ejecución levantó grandes protestas en toda Europa, acusándose al gobierno español de un retorno a la «barbarie inquisitorial».
Eran demasiadas, y muy graves, las crisis que se acumulaban en el pasivo del gobierno, por lo que Maura presentó su renuncia. De hecho, la Semana Trágica fue una explosión lógica de la «España vital», que presionaba por hallar cauces para manifestarse y existir institucionalmente. En 1911 se fundaba en Barcelona la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), gran sindicato revolucionario de tendencia socialista libertaria.
La larga agonía de la Restauración
El gabinete de Maura fue sucedido por un mandato episódico de Moret. Finalmente, el monarca decidió abrir tímidamente las puertas del poder a cierto sector moderado de la «España vital», y Canalejas, miembro del grupo demócrata, gobernó entre febrero de 1910 y febrero de 1912. Canalejas inició su mandato con reformas: un indulto político, restricción y control sobre las órdenes religiosas y una nueva Ley de Asociaciones. Asimismo, se cedía a la presión de la burguesía catalana, concediendo una Ley de Mancomunidades, la cual significaba una limitadísima capacidad de autogobierno para Cataluña, a través de la coordinación de sus cuatro diputaciones provinciales. Es necesario señalar también que Canalejas estableció el reclutamiento militar obligatorio, pues la guerra con Marruecos proseguiría y los enfrentamientos con la guerrilla autóctona producían numerosas bajas en las fuerzas españolas.
La tragedia de Canalejas fue la de tantos políticos reformistas españoles que, una vez llegados al poder, sacrificaban su ideario esencial, y progresivamente se convertían en gobernantes autoritarios y conservadores, perdiendo su voluntad de cambio. Canalejas acabó transformándose en un típico político palatino, y se distanció de sus orígenes. El 12 de noviembre de 1912, fue tiroteado por el anarquista Manuel Pardiñas en la calle del Príncipe, en Madrid, muriendo a causa de las heridas, mientras su agresor volvía luego su arma contra sí mismo, suicidándose.
A partir de aquella coyuntura, como señala el historiador español Vicens Vives, el poder se convirtió en una «sucesión de gobiernos atosigados por las reivindicaciones políticas, sociales y autonomistas».
A Canalejas le sucedió el conde de Romanones, cuyo gobierno firmaría un pacto con el de Francia dividiendo Marruecos en tres zonas, de las cuales la más conflictiva y pobre pasó a ser un «protectorado» español. La guerra se hizo aún más abrupta. En 1913 el rey Alfonso XIII sufrió otro atentado, cuando el anarquista Sancho Alegre le disparó, saliendo ileso una vez más. Ese mismo año, el sólido Partido Conservador se fraccionó entre «mauristas» e «idóneos», enfrentando a sus respectivos jefes, Maura y Eduardo Dato. La descomposición afectó poco después a los liberales, emergiendo la figura de García Prieto. Dimitido Romanones en octubre de 1913, el rey encargó la formación del gobierno a la nueva figura conservadora, Dato. Bajo su gobierno estalló la I Guerra Mundial, en 1914, y Dato declaró la neutralidad española en el conflicto que enfrentaba a Gran Bretaña, Francia y Rusia con Alemania y Austria. Pero España tenía su guerra particular en Marruecos. La conmoción creada por la neutralidad obligó a Dato a presentar su dimisión en diciembre de 1915, sucediéndole el conde de Romanones, que gobernó hasta abril de 1917 y mantuvo la actitud neutral.
El gobierno Romanones afrontó las perturbaciones económicas y sociales provocadas por el largo conflicto bélico europeo, adoptando una política de dura represión contra las organizaciones obreras. La crisis del gabinete permitió el acceso al poder del liberal García Prieto, quien a los tres meses de su toma de posesión fue prácticamente destituido por el ejército, en julio de 1917. Los militares insurrectos, coordinados en Juntas de Defensa, exigían esencialmente una política que favoreciese su situación profesional, exigiendo la destitución de numerosos políticos. En plena crisis, Dato asumió de nuevo la jefatura del gobierno. Su gabinete tuvo que afrontar, desde la derecha, la presión reaccionaria del ejército, y desde la izquierda, la del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que alentó una huelga general, movilizando a la población contra las injerencias militares. La huelga afectó especialmente a los ferrocarriles, siendo muy virulenta en Barcelona, Bilbao, Valencia y Madrid. Los líderes socialistas, Francisco Largo Caballero, Julián Besteiro y Andrés Saborit, fueron detenidos y condenados a cadena perpetua. El 19 de julio de 1917, una Asamblea de Parlamentarios organizada en Barcelona pedía una profunda reforma constitucional y el fin del caduco sistema de turnos entre liberales y conservadores, partidos que representaban a una pequeña fracción de la sociedad española. En agosto de ese mismo año, la Confederación Nacional de Trabajadores reactivaba el movimiento huelguístico.
La agitación social se intensificó especialmente en Cataluña, y la burguesía catalana, hasta entonces proclive al reformismo, cambió su actitud vinculándose de modo creciente al poder central.
Superada la difícil y compleja crisis de 1917, el monarca auspició la formación de un gobierno de «concentración nacional», integrado por prohombres que de hecho representaban a la «España oficial». El 20 de marzo de 1918, Antonio Maura presentó su gabinete al rey: en Estado, Dato; en Gobernación, García Prieto; en Hacienda, González Besada; en Fomento, Francisco Cambó; en Gracia y Justicia, el conde de Romanones; en Marina, el almirante Pidal; en Guerra, el general Marina; en Instrucción Pública, Santiago Alba. Un remedo liberal-conservador, con la presencia del gran burgués catalán Cambó, una de las personalidades más atractivas de la vida política del país. Este gobierno cesó en noviembre del mismo año, después de suspender el «estado de guerra» y decretar un indulto.
La agitación social
Los sucesivos gobiernos que siguieron al de Maura fueron prácticamente episódicos. De hecho, en el país coexistían dos poderes: uno formal, constituido por el gobierno nominal; el otro fáctico, integrado por las Juntas Militares que persistían en su actitud de no disolverse e interferían la actitud del gobierno.
Al margen, pero incidiendo fuertemente en la situación, el movimiento social cobraba nuevos bríos. La «España vital» pugnaba por abrirse paso y participar en las instituciones políticas, pero la cerrazón gubernamental era absoluta. De los dos grandes movimientos obreros, uno, la Unión General de Trabajadores (UGT), era de signo marxista, y oscilaba entre una fracción moderada y otra más radical. De hecho, la UGT era un aparato del PSOE, y tenía gran fuerza en Madrid, País Vasco y Asturias. Este sector del movimiento social era proclive al diálogo con la «España oficial», pero no consiguió romper la barrera de la democracia censitaria impuesta por los grupos y clases sociales dominantes. Ello alimentó gradualmente al otro sector del movimiento social, la CNT, de tendencia anarcosindicalista, es decir, adscrito al sindicalismo revolucionario, absolutamente reacio al colaboracionismo político con las fuerzas sociales dominantes. El anarcosindicalismo presentaba notable potencia en Cataluña, Levante y amplias zonas de Andalucía, las primeras fuertemente industriales, y esta última eminentemente agraria, con un proletariado campesino sumido en una pobreza secular.
El gobierno de Romanones, formado en diciembre de 1918, tuvo que afrontar la gran prueba de fuerza protagonizada por los obreros de la Canadiense, gran factoría eléctrica de Barcelona, que realizaron una de las huelgas más largas de la historia de la Europa industrial, con numerosos episodios de carácter revolucionario. Se sucedieron los gobiernos de Maura -con nuevas elecciones, que en nada variaron la realidad política del país- y Sánchez Toca. En la segunda mitad de 1919, Barcelona se hallaba en estado prerrevolucionario, y los enfrentamientos entre patronos y obreros comenzaron a cobrar el carácter de una guerra larvada.
Así la situación, Eduardo Dato fue nombrado otra vez jefe de gobierno, en mayo de 1920. Las huelgas comenzaron a afectar a los propios ministerios, mientras que las estadísticas citaban 1.400 huelgas en toda España a lo largo de 1920.
En Barcelona, la lucha entre la patronal y los obreros anarcosindicalistas fue a más. El gobierno, cerrado a cualquier intento arbitral, acabó potenciando grupos parapoliciales, dirigidos por un oscuro y siniestro personaje austríaco que se auto denominaba «barón de Koenig», que sembraron la muerte en las calles barcelonesas y provocaron la violenta respuesta obrera. Aquel año, la patronal organizó un «Sindicato Libre, opuesto a la CNT, y la guerra entre ambos se hizo abierta -víctima de la misma fue el prestigioso abogado laboralista Francesc Layret-. El general Martínez Anido fue nombrado prácticamente «dictador» de la ciudad. La respuesta dada a la intensa represión estatal por el anarcosindicalismo fue drástica: el presidente del gobierno, Dato, resultó acribillado en su automóvil, en las cercanías de la Puerta de Alcalá, en Madrid.
La derrota de Annual
Manuel Allendesalazar Muñoz, hombre de confianza del rey, fue designado para suceder a Dato, organizando un gobierno fuertemente derechista. A los problemas sociales se sumó ahora la radicalización de la guerra marroquí.
Las guerrillas nacionalistas norteafricanas contaban ahora con un líder sagaz, capaz de cohesionar a sus tropas y al pueblo en la lucha por la independencia. Abd-el-Krim se convirtió de pronto en un eficaz dirigente militar y político. El 5 de junio de 1921 derrotó al general Fernández Silvestre en Monte Abarán. Retiradas a Annual en espera de unos refuerzos que no llegaron, las tropas españolas fueron aniquiladas allí, pereciendo miles de soldados a causa de una guerra que no reportaba beneficio alguno, salvo un grotesco colonialismo en una de las zonas más pobres del planeta.
El impacto de los desastres militares en la opinión pública fue enorme. Se acusó de incompetencia a los generales Fernández Silvestre y Dámaso Berenguer, así como al ministro de la Guerra, el vizconde de Eza. Pero la realidad era que el ejército español, que llevaba un siglo cosechando derrotas en los territorios coloniales, estaba anquilosado, burocratizado, «corroído -como señala Vicens Vives- por las mismas taras que preñaban al Estado».
Incluso la ciudad de Melilla estuvo en peligro de ser conquistada por los norteafricanos, y si de hecho no lo fue, se debió más a la falta de decisión de los atacantes que a la defensa organizada en torno a la misma. Finalizada la ofensiva, el saldo español era catastrófico: 14.000 soldados muertos, miles de prisioneros y heridos, y cuantiosas pérdidas materiales.
El gobierno Allendesalazar cayó. Y una vez más, subió al poder ejecutivo un político ya gastado, Maura, el 12 de agosto de 1921. La acción del nuevo gobierno se centró en la guerra marroquí, canalizando hacia la misma a miles de hombres y gran parte del presupuesto nacional. El general Berenguer recibió plenos poderes, pero el progreso de la guerra fue lento, con enorme desgaste. El prestigio de Maura entró en crisis, y Alfonso XIII era ya abiertamente acusado de practicar una política probritánica y de frivolidad ante la realidad de la guerra. Algunos sectores, los socialistas, y generales como Miguel Primo de Rivera, se mostraron partidarios de abandonar Marruecos. En numerosos medios políticos e intelectuales se pedían responsabilidades por la desastrosa política militar africana. Por otra parte, en Barcelona la agitación social aumentaba, mientras la burguesía catalana exigía el abandono del librecambismo, tan favorable a las industrias textiles británicas, y la adopción de un severo proteccionismo. Finalmente, Maura, desbordado por la situación, dimitió en marzo de 1922. Le sustituyó José Sánchez Guerra, líder del Partido Conservador, que formó un gobierno que incluía al político catalán Cambó, jefe de la Lliga Regionalista y experto financiero.
El nuevo gobierno no pudo atajar la agitación social, a pesar de la destitución de Martínez Anido como gobernador de Barcelona. La descomposición en el ejército fue frenada con la disolución de las Juntas Militares, al tiempo que se investigan responsabilidades por el desastre de Annual. La imposibilidad de llegar al fondo de la cuestión obligó a la dimisión del gobierno. Y García Prieto asumió la dirección del ejecutivo, negociando el intercambio de prisioneros con Abd-el- Krim.
En Barcelona, en el contexto de la guerra larvada entre la patronal y el movimiento obrero, fue asesinado el líder anarcosindicalista Salvador Seguí, el «Noi del Sucre». La respuesta fue contundente y trágica: a los pocos días moría tiroteado el obispo de Zaragoza.
El 27 de agosto de 1923 la marina de guerra perdía el acorazado España, que embarrancó cuando se dirigía a Melilla, demostrando el grado de incompetencia a que se había llegado en los medios militares. Por otra parte, algunos contingentes militares se negaban a embarcar para Marruecos. En esa situación se produjo, el 11 de septiembre de 1923, el golpe de Estado del general Primo de Rivera.