La radio en Colombia: Inicios del siglo XXI
Transición de siglo
Al finalizar el siglo XX la radio colombiana vivió un acelerado proceso de transformaciones, no sólo de carácter técnico sino también político. Tales cambios se relacionan con la revolución tecnológica -particularmente la expansión de la F.M. y la ampliación de la cobertura gracias al enlace satelital- y con el empoderamiento de la sociedad civil, amparada en la constitución política de 1991, y su apropiación de los medios masivos de comunicación.
La nueva constitución ofreció a los ciudadanos instrumentos legales para expresarse y conformar espacios comunicativos y culturales de carácter masivo, entre los cuales la radio ocupó un papel preponderante. La carta abrió el camino para que surgieran modalidades radiofónicas al margen del monopolio que hasta entonces habían tenido las cadenas comerciales en el país, como la radio comunitaria o ciudadana y la radio de interés público (emisoras de la Policía y del Ejército, emisoras de las universidades públicas, emisoras indígenas).
Como antecedente, durante los años ochenta surgieron distintas maneras de expresión sonora de las comunidades que se sentían cada vez más ausentes de los medios masivos de comunicación y reclamaban espacios para ser escuchadas.
En 1989 se había dado un primer paso con la ley 72, que otorgó facultades al presidente de la república para reformar el sector de las telecomunicaciones y permitió un año después la firma de los decretos 1900 y 1901, mediante los cuales se reestructuró el sector y se crearon la Dirección de Comunicación Social y la División de Desarrollo Social del Ministerio de Comunicaciones, con el objetivo de promover las experiencias democráticas, participativas y de comunicación comunitaria.
La constitución de 1991, en su artículo 20, «garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación». Y en su artículo 75, define el espectro electromagnético como «un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado» y «garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley».
Como una consecuencia de lo establecido en la carta surgió la ley 80 de 1993 o Ley de Contratación Administrativa, que en su artículo 35, parágrafos 1 y 2, facultó al Ministerio de Comunicaciones para reglamentar el servicio comunitario de radiodifusión sonora. Cuatro días antes de entregar su mandato, el presidente Gaviria firmó el decreto 1695 de 1994, que contenía las bases para iniciar la legalización de la radio comunitaria, pero no era claro en la definición de la disponibilidad de las frecuencias.
A partir de entonces se hicieron varios intentos en el terreno legal para adjudicar las licencias a estaciones de radio de pequeña cobertura, con infraestructura técnica básica, posibilidades de autofinanciación local y programación participativa centrada en el desarrollo de la comunidad.
El 30 de agosto de 1995 se reglamentó el servicio de radiodifusión sonora con la expedición de los decretos 1445 -que se refiere a planes técnicos de radiodifusión en A.M. y F.M.-, 1446 -que clasifica el servicio de radiodifusión sonora y dicta normas sobre establecimiento, organización y funcionamiento de las cadenas radiales- y 1447 -que reglamenta la concesión del servicio de radiodifusión sonora directa e indirecta, define el plan general de radiodifusión sonora y determina criterios tarifarios y sanciones. A partir del decreto 1446 se identifican tres categorías de radiodifusión de acuerdo con la orientación de la programación: comercial, de interés público y comunitaria.
La radio comunitaria o ciudadana
Los decretos mencionados dieron carta de ciudadanía a la radio comunitaria, tipificándola y asignándole frecuencias de operación en la mayor parte de los municipios del país. En 1997 el Ministerio de Comunicaciones otorgó licencia de funcionamiento a 564 emisoras bajo una nueva modalidad, definida como «servicio comunitario de radiodifusión sonora». De acuerdo con el decreto 1447 del 30 de agosto de 1995 (artículo 22, capítulo V), el servicio comunitario de radiodifusión está orientado a difundir programas de interés social para los diferentes sectores de la comunidad, que propicien su desarrollo socioeconómico y cultural, el sano esparcimiento y los valores esenciales de la nacionalidad, dentro de un ámbito de integración y solidaridad ciudadana.
La radio comunitaria encontró un soporte para su quehacer comunicativo en los artículos 70 y 71 de la constitución, mediante los cuales se reconoce la condición pluriétnica y multicultural de Colombia:
“Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente (. . .) La cultura en sus diversas manifestaciones es un fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce igualdad y responsabilidad de todas las que conviven en el país (. . .). Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y de la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura (. . .).”
Las radios comunitarias se caracterizan por considerar a la comunicación como un derecho humano esencial. A diferencia de las radios privadas comerciales, no persiguen un fin de lucro.
Las emisoras comunitarias desarrollaron programaciones similares: noticieros locales, espacios musicales, educativos y de difusión de los valores artísticos y culturales de su región. Para su sostenimiento, la legislación les permitió comercializar hasta quince minutos por hora de programación, así como recibir aportes, colaboraciones y auspicios. Al cumplirse cuatro años de la asignación de la primera licencia, el Ministerio de Comunicaciones evaluó el desempeño del servicio comunitario de radiodifusión mediante una investigación adelantada por la Dirección General de Comunicación Social y dirigida por Gabriel Gómez Mejía y Juan Carlos Quintero Velásquez: "Diagnóstico del servicio comunitario de radiodifusión sonora en Colombia".
Dicho estudio señala que el público de las radios comunitarias es diverso. De los programas dirigidos a la comunidad, 35% eran para adultos, 13% para adultos y jóvenes, y 12% para campesinos. Se nota que las categorías no son excluyentes, son categorías bastante mezcladas: a campesinos un 10%, a jóvenes exclusivamente un 8%, a la familia un 3% y a otros un 19%. En estos otros se encuentran mujeres y niños, que no están muy favorecidos en la distribución de programación de las emisoras comunitarias.
Dentro de la programación tenían cabida las llamadas «campañas», tanto oficiales como de las propias emisoras. En orden de importancia, las emisoras comunitarias difundían campañas de la Presidencia de la República, el sector salud, el Ministerio de Comunicaciones, las administraciones municipales y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF (Programa de Comunicación para la Infancia); el 40% eran cuñas. El Estado también remitía programas a las emisoras comunitarias, algunos de ellos seriados. En cuanto a la audiencia de estos enlatados, el estudio encontró que la dispersión era muy alta y obedecía a que las entidades que los enviaban no hacían ningún requerimiento de audiencia, intensidad y horarios específicos.
El 87% de la programación de estas emisoras era en vivo; el 8% era pregrabado y el 5% restante correspondía a otras formas, como remotos con ayuda de corresponsales a través del teléfono, música y programas bajados de Internet.
El Ministerio de Cultura, a través de la Unidad de Radio, se preocupó por promover la profesionalización del medio, mediante talleres de capacitación en comunicaciones, técnica y organización, y a través de mesas regionales motivó la discusión sobre la razón de ser de la radio comunitaria, su compromiso con la sociedad y su sostenibilidad. Además, la Unidad de Radio encontró en la radio comunitaria un espacio para divulgar realizaciones sobre aspectos de la cultura nacional enmarcados en los planes del gobierno; en los inicios de la radio comunitaria, el Ministerio de Cultura alimentó su programación.
Una característica particular de las emisoras comunitarias es la formación de redes o asociaciones que agrupan varias estaciones por regiones geográficas, a fin de aunar esfuerzos en lo comunicativo, lo técnico y lo humano. Dichas redes permiten a las emisoras ampliar sus horizontes, compartir materiales, realizar gestión colectiva y construir lenguajes comunes. Este tipo de organización gremial se evidenció por primera vez en 1989, durante un encuentro de comunicación participativa en Rionegro, Antioquia, donde se dio a conocer la Red de Radio Comunitaria del Litoral Pacífico, que sirvió de ejemplo para la conformación de las demás redes de radiodifusión comunitaria en Colombia.
La Red Colombiana de Radio Comunitaria “Recorra” fundada en 1996, reúne trece organizaciones del país:
Asociación Red de Radios Comunitarias de la Costa Caribe, Asociación de Medios Comunitarios del Huila, Asociación de Radios Comunitarias de Antioquia, Asociación Red Casanareña de Radio Comunitaria, Asociación de Radios Comunitarias de Nariño, Asociación de Radios Comunitarias del Putumayo, Red de Radios Comunitarias de Santander, Asociación Distrital de Radios Comunitarias de Bogotá, Asociación Departamental de Redes Comunitarias de Boyacá, Red Pijao de Radios Comunitarias del Tolima, Asociación de Radios Comunitarias de Cundinamarca, Asociación Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio y Red de Radios Comunitarias del Eje Cafetero.
Se destaca como logro de la Red el haber participado en el proceso inicial de legalización de las radios comunitarias en Colombia entre los años 1990 y 1995.
La radio de interés público
De acuerdo con el decreto 1446 de 1995, una emisora es de interés público cuando su programación se orienta principalmente a elevar el nivel educativo y cultural de los habitantes del territorio colombiano, y a difundir los valores cívicos de la comunidad. Esta categoría cobija a las emisoras de entidades públicas como alcaldías, gobernaciones, Fuerzas Militares y de Policía, así como a las radios de las universidades públicas y las radios indígenas. La asignación de las frecuencias se hizo por gestión directa, de acuerdo con la disponibilidad en el Plan de Radiodifusión del Ministerio de Comunicaciones.
De acuerdo con el decreto 1021 de 1999, a estas emisoras se les prohibió transmitir publicidad, pero fueron autorizadas para recibir aportes, colaboraciones, contribuciones y donaciones. No podrán, en ningún caso, incluir propaganda comercial diferente del simple reconocimiento de dichas contribuciones, el cual consistirá en la referencia que se haga a la persona o personas que la realicen. La referencia también podrá hacerse a las marcas, productos o servicios que indiquen quién realiza la contribución, sin mencionar las bondades o beneficios de los mismos.
Emisoras de las Fuerzas Militares y de la Policía:
Estas hacen presencia en gran parte del territorio nacional y alcanzan regiones apartadas, limítrofes y de conflicto. En 2004, 28 pertenecían a la Policía (en 27 departamentos), 27 al Ejército (en diecinueve departamentos) y dos a la Armada (en los departamentos de Sucre y Valle). Registran altos índices de sintonía, utilizan elementos de la radio comercial para atraer a la juventud y su programación está muy orientada hacia la música popular, que matiza con mensajes institucionales, en particular campañas cívicas.
Estas emisoras dependen administrativa y financieramente de los Comandos Departamentales. Sus operadores no son necesariamente personas especializadas en comunicación social o periodismo, sino miembros de la institución, asignados a dichas funciones por sus superiores.
Las emisoras están agrupadas en redes que no fueron constituidas en torno a objetivos comunes; se enlazan para retransmitir programas originados en Bogotá (Red de Emisoras de la Policía Nacional y Cadena Radial del Ejército, Creer). Dentro de las emisoras de interés público, las de la Policía Nacional son las de mayor sintonía, al parecer por su programación musical (popular, vallenato, tropical, balada...) y por la participación de los oyentes a través del teléfono y el correo electrónico.
Emisoras de las universidades públicas:
Las emisoras universitarias en F.M. ofrecen una parrilla de programación diversa en contenidos y heterogénea en expresiones musicales, con una tendencia a programar, en promedio, 70 por ciento de música y 30 por ciento de espacios temáticos, considerados estos como un mecanismo de extensión universitaria que le permite a la academia ofrecer sus puntos de vista sobre temas científicos, culturales y políticos. Un porcentaje significativo de su programación proviene de las radios internacionales.
Estas emisoras -mal catalogadas por la audiencia como densas y excluyentes- han hecho significativos aportes de contenidos, lenguajes y experimentación sonora a la radio colombiana. Aunque en teoría son de interés público, no todas han asumido esta responsabilidad; algunas están al vaivén de los intereses de las políticas administrativas, que no favorecen la continuidad de los proyectos comunicativos, cuando existen.
La dependencia Emisora LAUD 90.4 FM ESTÉREO tiene como misión difundir la cultura, la ciencia y la tecnología en Bogotá, a través de una programación orientada hacia el interés público, haciendo énfasis estratégico en la música Iberoamericana como identificación, distinción y diferenciación de la Emisora.
La radio étnica:
Algunas de las etnias que al despuntar el siglo XXI formaban parte del programa “Comunidad: señal de cultura y diversidad», del Ministerio de Comunicaciones”, constituyeron radios comunitarias. Entre ellas se pueden mencionar Chamí F.M. Estéreo de Jardín, Antioquia; Voces de Nuestra Tierra, del cabildo indígena de Jambaló, Cauca; Guambía Estéreo, del cabildo indígena de Guambía, Cauca; y Cumbal Estéreo, del cabildo indígena de Cumbal, Nariño. Hay que destacar el esfuerzo de un sector del pueblo arahuaco a través de Ecos del pueblo aborigen, espacio semanal de una hora que comenzó a transmitirse en 1996 en una emisora comercial del departamento de Cesar, realizado por integrantes de la Confederación Indígena Tairona (CIT).
La apropiación de la radio por algunas etnias es el resultado de procesos políticos, culturales y sociales fortalecidos por la constitución de 1991. Estos tienen como antecedentes la ley 89 de 1890, que obligó a la existencia de un cabildo en donde existiera una pequeña comunidad indígena; y el decreto 2001 de 1988, que definió los cabildos como entidades públicas especiales integradas por indígenas elegidos por su comunidad, a la que representan legalmente. Luego, la ley 335 de 1996 garantizó a los grupos étnicos el uso permanente del espectro electromagnético, el acceso a los servicios de telecomunicaciones y medios masivos de comunicación y la creación de sus propios medios de comunicación.
En este proceso cumplió un papel decisivo el programa «Comunidad: señal de cultura y diversidad», que se institucionalizó en el Encuentro Internacional de Radios Indígenas de América (Villa de Leyva, Boyacá, mayo de 2000), con delegados de Bolivia, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Colombia. También participaron representantes de los ministerios de Comunicación y Cultura, de la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello y de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Allí se discutió la necesidad de una radio indígena para Colombia y se dieron a conocer otras experiencias de ese tipo en América Latina.
La radiodifusión indígena ha dado a conocer las tradiciones de estas comunidades y ha constituido un canal para unir a sus miembros dispersos, quienes deben recorrer grandes distancias para comunicarse cara a cara; además, por su carácter masivo, ha contribuido al fortalecimiento de la identidad y al desarrollo social y cultural de los pueblos.
El programa planteó la construcción concertada de 61 proyectos radiofónicos con las comunidades indígenas de todo el país; más adelante, los estudios de viabilidad social, política, económica y técnica obligaron a reducir la meta a 27 emisoras. En 2004 habían sido instaladas dieciséis, en los departamentos de Cauca (siete, para las etnias paez, guambiano, totoró, coconuco y yanacona), Caquetá (dos, inga y coreguaje), Putumayo (dos, inga y kamtsá) y Nariño (cinco, para las etnias awá y pasto). La primera emisora bilingüe indígena, con la que se inició la transmisión del programa a finales de 2001, fue Guambía Estéreo 92.2 F.M.
Las emisoras restantes, previstas para la fase II, estaban distribuidas así: La Guajira (dos, wayúu), Chocó (dos, para las etnias embera, waunana, katío y las comunidades negras de Quibdó y Bojayá), Córdoba y Sucre (una, zenú, en San Andrés de Sotavento), Tolima (una, para las etnias paez y pijao), Antioquia (dos, para las etnias embera-katío y tule), sierra nevada de Santa Marta (una, para las etnias kogi, arhuaco, wiwa, kankuamo y chimila), Vichada (una, para las etnias sicuani y piapoco) y Vaupés (una, para las etnias tukano, cubeo y desana). El programa contemplaba, además de la instalación de las emisoras, la capacitación en producción y el acompañamiento durante tres años.
Los recursos de este proyecto procedían del Fondo de Comunicaciones, el Ministerio de Cultura y Fonade. La cobertura esperada era de más de 500.000 habitantes, cerca del 80% de la población indígena de Colombia, en 14 departamentos.
Otras transformaciones
Dos hechos relevantes hubo en la radio colombiana en los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI: el auge de la radio juvenil y la venta de una de las más importantes cadenas radiales, Caracol, al grupo español Prisa, en septiembre de 2002. El fenómeno de la radio juvenil llegó al país a finales de los años sesenta y comienzos de los setenta, y, como en otros lugares del mundo, estuvo relacionado con los movimientos roqueros. Tuvo eco a través de emisoras urbanas en F.M., como Radio 15, Radio Fantasía y Radio Veracruz, de Bogotá. Se fortaleció con el auge del rock en español, particularmente argentino, y más tarde con el pop. Al finalizar la década de los ochenta la radio juvenil empezó a ser reconocida, gracias al trabajo de estaciones como 88.9.
En los años siguientes, con el boom de estas emisoras aparecieron nuevos formatos, por ejemplo, los llamados «mañaneros», radiorevistas intrascendentes e irreverentes, con personajes caricaturescos que ridiculizan a los jóvenes y promueven estereotipos. Aunque esta fue la tendencia predominante, también surgieron estaciones dedicadas por entero a la divulgación y comprensión de las expresiones musicales de las nuevas generaciones, como la Estación Joven de la Radiodifusora Nacional y algunos espacios en radios universitarias como Javeriana Estéreo. En todas, la presencia del disk-jockey fue determinante y necesaria.
Un DJ de radio reproduce y mezcla música, habla de información, música y otros temas de interés en medio de las canciones.
Con sus 164 frecuencias en todo el país, tanto en A.M. como en F.M., la Cadena Radial Colombiana (Caracol) pasó a formar parte del Grupo Latino Radial de Prisa, conglomerado español con emisoras en México, Costa Rica, Panamá, Chile y Estados Unidos. Caracol empezó a ajustar su estilo noticioso al de una radio de tradición europea y ganó en presencia internacional. En este sentido su mayor logro es La W, antes Caracol Estéreo, que ha conquistado las audiencias de noticieros tradicionales en la radio colombiana.